19 de agosto de 2011

Hilo directo

Hace algunas décadas, el teléfono público era un modo de contacto habitual en la España en blanco y negro. La gente realizaba sus llamadas desde la plaza o la taberna del pueblo; únicos lugares en disponer "de línea". En las películas, los vecinos rodeaban expectantes al protagonista, disputándose un hueco en el auricular: "¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho?". El embajador de la voz de Dios para el catolicismo se llama Joseph Ratzinger. Sus seguidores se disputan un hueco en su auricular. ¿Qué opina Dios? Ratzinger tiene la respuesta. Si el Señor se muestra o no a favor de la interrupción voluntaria del embarazo; si considera pecado que una mujer tome la píldora postcoital o es partidario de casar a los homosexuales, es algo que sólo el papa nos puede desvelar. Como el teléfono rojo entre las superpotencias, el sucesor de Pedro en la tierra goza de hilo directo.

¿Qué opinión le merecen a un católico dichos asuntos? Evidentemente la que le merezcan al papa de Roma. Las cuestiones de fe, si existe o no el infierno, o qué pecados conducen hasta él, es algo sujeto a revisión y depende de la doctrina que se imparta en cada época. Los fieles evidencian así su variable indignación histórica respecto a cuestiones sobre las que previamente han sido aleccionados. En tiempos de la República, les señalaban como intolerable el divorcio, la educación laica, la atención hospitalaria ajena a la Iglesia, la emancipación de la mujer, o sin ir más lejos, una minifalda. Todo ello sigue disgustando a la Iglesia, pero a medida que los usos sociales varían, las consignas religiosas también se ven obligadas al cambio, y con ellas, el modo de pensar de sus fieles.

Mientras el cardenal Rouco viene de proclamar que está dispuesto a perdonar a todas aquellas pecadoras que hayan abortado (¿es posible más amor?), el Pastor alemán no ha tardado en denunciar el peligro "de una ciencia sin límites"  y de "una educación vacía de fe", al tiempo que ha afirmado que “hay quien se cree el mismo Dios para decidir sobre quién debe vivir y quién no”, en alusión a ciertas disposiciones emanadas por el Parlamento español, depositario de la soberanía popular. No es que se obligue a los católicos a practicar dichas leyes, sino que la jerarquía católica española, no está dispuesta a que un tercero no católico pueda acogerse a ellas. Todo por cierto, sin que el Vaticano haya suscrito aún, la Declaración Universal de Derechos Humanos que las Naciones Unidas aprobaron tras la Segunda Guerra Mundial.

En países como Francia existe una ley de interrupción voluntaria del embarazo que cubre las doce primeras semanas de gestación del óvulo. Un cardenal que se atreviera a respaldar denuncias respecto a que “dichas leyes equivalen a matar personas” como se hace en España, sería llamado a capítulo y como mínimo, conminado a rectificar de inmeditato, si lo que pretende es permanecer en el ejercicio de su labor. El linchamiento civil y mediático sería concluyente. En cualquier país ilustrado, la Iglesia guarda silencio y acata respetuosamente la disposición de leyes que por el contrario, denuncia alarmada en países como España, donde no se trata de vivir la fe con quien se sume a ella, sino de arrogarse el derecho de decirle al prójimo lo que tiene que hacer.