18 de enero de 2012

Innobles

El sistema bipartidista conduce con recurrencia a episodios de corrupción en los dos grandes partidos, pero el rasgo distintivo de la corrupción en España no está en el color de sus corruptos, sino en el pelaje de los jueces que presumiblemente han de aplicar justicia con imparcialidad. Lo que iba a sustanciarse como uno de los mayores juicios por corrupción de nuestra democracia, no se ha iniciado siquiera (recordemos que el episodio de Camps conforma pieza separada) porque Francisco Correa, uno de sus protagonistas, denunció al juez encargado de la causa, Baltasar Garzón. La decisión del Tribunal Supremo no fue otra que estimar la demanda del imputado y en consecuencia sentar en el banquillo al juez en lugar de al acusado. 

“Llámame Don Vito” insistía entre chanchullos Correa, como si de una película de Martín Scorsese se tratara. Cuando se inicia la causa Gurtel, Garzón comprueba que las cuentas en Suiza de Correa y Pablo Crespo, continúan registrando movimientos pese a que ambos se encuentran en prisión. Desde la cárcel, Don Vito y su colega, están haciendo desaparecer todo el dinero de sus millonarias cuentas, decenas de millones de euros, logrando así burlar la acción de la justicia. Garzón comprende que sólo los abogados o familiares de los detenidos pueden estar cumpliendo las órdenes de sus clientes y decide "intervenir las comunicaciones" de los reclusos, con aquellas personas que traten con ellos.




Escuchar las conversaciones de los reclusos con sus letrados, sólo es permitido en España con autorización judicial respecto a los casos de terrorismo. Por ello Garzón, reconociendo que la ley prevalece sobre el régimen penitenciario, hará constar una mención expresa para salvaguardar la integridad de los abogados de Correa, junto a toda su estrategia de defensa, aclarando que lo único que se busca con dicha medida es asegurar el dinero de las cuentas, antes de que sea tarde. Ninguna diligencia de Garzón se desarrollará  en base a las estrategias de defensa desveladas o intervenidas. Garzón insistirá en la nulidad de todo aquello que no trate sobre "cómo hacer desaparecer el dinero". En ningún momento el Ministerio Fiscal cuestionará dicha medida; más aún, la apoyará. La excepción de Garzón no sólo fue permitida por la Fiscalía, sino que se mantuvo en vigor por otros dos jueces, uno de ellos el juez Pedreira, quien asumiría en adelante la causa. Por supuesto, sólo se buscará denunciar a Garzón.

A la desesperada, Correa busca salvar sus cuentas suizas alegando que Garzón se está enterando de sus delitos de manera "no legal". La realidad es que los letrados de Correa (también imputados por corrupción en la trama Gurtel) son parte sustancial de la trama y quienes se encargan en persona de blanquear todas esas cantidades, pero eso también es lo de menos para el Supremo. La respuesta de la justicia española es conocida. Superando la ficción, el TS estimará las alegaciones del imputado, sentando a Garzón en el banquillo. Mientras el juez es eliminado, Correa se enciende un puro con un billete de 500. Siguiente parada: la nulidad de toda la trama Gurtel.