28 de enero de 2012

Prevaricando

"Cuando se descubre una fosa o se hallan restos con indicios de una muerte violenta es "obligatorio" por parte del juez, cumplir la ley, personarse en el lugar, exhumar los restos y ordenar la investigación para saber cuál ha sido la causa de la muerte. A partir de ahí, identificaremos si hay o no autores. Puede decirse "esto no se hace porque está prescrito". El hecho estará prescrito pero ahí hay una persona con un tiro en la nuca, o 15 personas muertas y atadas. El juez tiene obligación de realizar su calificación y después, por supuesto, analizar si dicho delito está o no prescrito, pero por lo menos habremos establecido una causa, un delito, una víctima y se habrá otorgado la identificación a los familiares".

"Y ahora resulta que 5 de los 7 magistrados que me van a juzgar, son los mismos que han admitido la querella, los que han resuelto los recursos contra esa admisión, los que han admitido y denegado las pruebas de cada parte, los que han rechazado todos los recursos planteados por esas partes, los que han confirmado la decisión de imputarme y los que me han negado la defensa... Quién se sentiría absuelto?

Baltasar Garzón.
Escuchando al Juez Garzón / Isabel Coixet. 2010.


Las leyes de Punto Final son siempre necesarias en escenarios extremos. Una dictadura nunca podrá transitar hacia la democracia si quienes ostentan el poder no se aseguran  su impunidad. La "necesaria convivencia" requiere sacrificar el reproche social y penal hacia los hasta ahora gobernantes, por muy horribles que resulten los crímenes cometidos. Sólo una vez asentada la democracia, la ley nacional podrá ser susceptible de entrar en conflicto con otros tratados internacionales asumidos posteriormente, o con principios de derecho internacional. De este modo, no cabe la prescripción respecto a delitos que supongan crímenes contra la humanidad, aunque los actores de un determinado país, hayan resuelto en su momento "no mirar atrás". ¿Puede entenderse como "infringir la ley", (una ley de Punto Final) abrir actos de reparación personal, en favor de los desaparecidos o descendientes de aquellas víctimas?

Cuando Baltasar Garzón participa en procesos revisables internacionalmente, como los de la Operación Condor para Chile o Argentina, es muy consciente de que también en España existe una asignatura pendiente con el pasado. Hay una diferencia esencial; en dichos países la responsabilidad penal afecta incluso a algún criminal en vida. En España el tiempo transcurrido es mayor. Se trata de atender las denuncias particulares que buscan reparar la memoria de los ausentes. Pero lo que ha sido posible en Chile o Argentina, lejos de resultar más sencillo en España, chocará con una reacción fundamentalista que será sustentada por la más alta instancia judicial del país.




Las asociaciones ultras Manos Limpias y Libertad e Identidad, (junto a Falange Española y de las JONS que se sumará posteriormente a la denuncia) piden que Baltasar Garzón sea inhabilitado durante 20 años, por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, saltándose la Ley de Amnistía de 1977. Cuando Garzón recibe (por sorteo) las denuncias de aquellos españoles que esperan (desde 1975) a identificar y dar sepultura a los restos de sus mayores muertos o desaparecidos, el juez pasa a efectuar las diligencias de comprobación necesarias para dar sentido a la demanda. Para ello aplica e interpreta no sólo la ley española, sino también la integración de ésta con las leyes y convenios internacionales suscritos por España. Garzón decide abrir dicho procedimiento en su célebre Auto de 16 de octubre de 2008.

El delito de Prevaricación es el más grave que se puede imputar a un Juez. Significa "dictar una resolución injusta a sabiendas" y conlleva un reproche social añadido: la presunta falsedad de toda una trayectoria profesional. El mero hecho de acusar a alguien de prevaricador (si dicha arbitrariedad no resulta palmaria), permite ya atisbar el perfil de quien lo acusa. Para que se tache a alguien de prevaricador, debe existir unanimidad absoluta en contemplar la aplicación de dicha decisión de manera "irrazonable a todas luces". Es decir, no puede haber lugar a la interpretación, existir discrepancia o debate alguno sobre algo que debe ser flagrante, porque toda la comunidad jurídica sin excepción ha de coincidir en que tal decisión es extravagante o absurda. El acusado prevarica dictando una resolución injusta y siendo consciente de que lo es.

Para demostrar su actuación acorde a derecho y la existencia reconocida de un debate jurídico abierto, Garzón citará a declarar a 15 testigos, todos prestigiosos juristas extranjeros especializados en crímenes contra la humanidad. Entre ellos, Carla del Ponte, exfiscal del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia; Juan Guzmán, el juez chileno que abrió varias causas contra Pinochet; Hugo Relva, parte activa en los grandes procesos de América Látina o el juez del Supremo argentino Raúl Zaffaronni, uno de los redactores de la sentencia que anula la ley argentina de Punto Final. También citará a los tres magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que discreparon del auto que declaraba a Garzón no competente. Se trataba de probar la existencia de debate jurídico sobre la justicia universal.

Pero el Tribunal Supremo español no admitirá la declaración de ni uno sólo de los 15 juristas llamados por la defensa, alegando que ello no ayudaría a aclarar si Garzón prevaricó y declarando "innecesarios" dichos testimonios. En realidad fue el Supremo quien de mano de uno de los juzgadores de Garzón, Luciano Varela, redactó y corrigió el cuerpo de la acusación del propio sindicato ultra para admitirla a trámite y quien negó los recursos de Garzón respecto a tal admisión. ¿Qué tipo de acusación es aquella que discute y contradice a la propia Fiscalía, (también por tanto, prevaricadora) y que no acusa a los otros dos jueces que siguen actuando como Garzón en la misma causa? (Causa por las intervenciones). ¿Qué justicia puede emanar de un tribunal que ha redactado él mismo la acusación, admite su propia querella, niega los recursos contra dicha admisión, resuelve la instrucción negando la defensa del acusado y se dispone a dictar sentencia? (Causa por crímenes del franquismo). Todas las respuestas están en Gurtel;  desde el momento en que estalla tal caso, comienza el ajuste de cuentas;  una programada operación de acoso y derribo al juez. El gran Auto de fe. Que no llegue nunca a juzgarse la trama Gurtel, pasa por inhabilitar a Garzón.

No puede existir prevaricación cuando el Ministerio Fiscal está a favor de las actuaciones de un juez, cuando los jueces que lo sustituyen en la causa no advierten nada injusto y actúan igual, o cuando todos los funcionarios judiciales que acuden a testificar, confirman el celo de Garzón por fundar sus actuaciones en derecho (Causa por las intervenciones).  No puede existir prevaricación si prestigiosos juristas internacionales califican de disparate el proceso o la justicia penal internacional ya ha hecho suya la interpretación de Garzón en otros países del mundo (Causa por los crímenes del franquismo). En definitiva, no puede existir prevaricación si todo el mundo conduce en una dirección y como en el chiste, quien se muestra agraviado es quien va en dirección contraria, y saludando a la romana con el brazo extendido.

En negrita, redacción de la acusación realizada por uno de los magistrados que lo juzgan
http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/201201/24/espana/20120124elpepunac_3_Pes_PDF.pdf