16 de mayo de 2014

La reforma del Art.135.3 CE

"De todos los puertos de Castilla zarpaban cada día barcos enteros cargados con oro 
y plata para ponerlos a buen recaudo en el extranjero. La península sólo era el 
puente de paso de las "riquezas españolas", que según llegaban de Indias, 
partían hacia Flandes para llenar las arcas del imperio Habsburgo" 
John Lynch / Carlos V, monarquía e imperio.

Huelga decir que los presupuestos aprobados en las Cortes por quienes representan la voluntad de la sociedad, se diseñan atendiendo a la visión neoliberal de la UE. Dichos presupuestos vienen condicionados por la reforma constitucional de 2012. En verano de ese año, los dos grandes partidos hacían saltar por los aires los principios programáticos de la Constitución mediante una reforma que violaba cuando menos, tres de ellos: Bienestar, Cohesión y carácter social del Estado. PSOE y PP le colaban al pueblo español, en trámite sumario y de tapadillo, la nueva redacción del artículo 135.3.

La reforma iba supuestamente enfocada a reconducir el célebre "cumplimiento del déficit", pero lo que en realidad buscaba era que toda administración pública quedase sometida a partir de ahora al imperioso juego de una deuda a todas luces ilegítima, antes que atender a cualquiera de sus obligaciones u competencias ordinarias. Se repetía así la misma política de asfixia que ya se aplicara durante las últimas décadas por parte del FMI y el BM en toda Latino América.

A día de hoy, cualquier administración pública, central, autonómica o municipal, lo primero que está obligada a hacer con todo lo que recauda, es pagar los intereses de una deuda que no deja de crecer, porque de eso se trata, de que crezca. Sólo después, con lo que sobra, se permite atender otros intereses que desgraciadamente, quedan lejos de ser los prioritarios. Es la sencilla razón por la que ya "no hay dinero". El macabro juego sólo puede culminar cuando el pago de dichos intereses [no la deuda en sí] supere a lo que se pueda recaudar.  

Nuevo artículo 135.3 CE:

Los créditos [no concedidos por el Banco Central Europeo, sino por banca y fondos privados] para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública [derivada de asumir deuda privada] de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión.