9 de mayo de 2013

Desimputada

"Me parece una magnífica noticia"
"¿Por qué?"
"Es una Infanta de España, claro"
José Margallo, Ministro
José María Mena
Ex Fiscal jefe de Cataluña

Para el juez Castro la cooperación de la Infanta en los delitos de su marido consistía en aparecer en la junta de Nóos, acompañada de su secretario García Revenga, de la Casa Real, sabiendo que con ello confirmaba la posición casi institucional del yerno del Rey, posición imprescindible para sus delictivos negocios. Pues bien, el tribunal dice que la pertenencia a la junta directiva de Nóos es como una carta de presentación para otorgar a la entidad una consideración de prestigio o influencia social y económica que la favorezca. O sea, para ganar dinero con su presencia y lo que ésta significa.

Dice el tribunal que la inclusión de la Infanta y de García Revenga en el instituto Nóos pudo constituir un instrumento para que Urdangarin y Torres engañaran a las Administraciones contratantes, para, a continuación afirmar que no hay indicios vehementes de que la Infanta lo supiera y se concertara con ellos. (¿Es creíble que Urdangarín y Torres engañaran a los presidentes Camps y Matas, como a dos incautos y honestos ciudadanos de a pie?).

Afirma que la Infanta conocía los contratos de Nóos y los beneficios que deparaban para ella y su marido, para, a continuación afirmar que no sabía que eran delictivos, aunque también asume que era evidente que se adjudicaban sin concurso. Aquí el tribunal se permite discrepar de la Intervención General del Estado, según la cual la adjudicación sin concurso es ilegal. Todos recordamos a Matas, en la memorable entrevista de Jordi Évole, cuando daba, por toda explicación de esa evidente y reconocida ilegalidad: ¡es el duque de Palma!

Reconoce el tribunal que el juez Castro ha enumerado catorce indicios distintos, los cuales ha relacionado con prudencia y cautela, para, a continuación, sostener que falta una razonable suficiencia en las deducciones. Razonable suficiencia, indicios vehementes, son criterios valorativos cargados de relatividad, imprecisión y visos de ambivalencia. Dice una cosa, para a continuación desdecirse con otra. El tribunal, por mayoría, que no por unanimidad, está emitiendo una especie de sentencia absolutoria anticipada, prematura, sin permitir que el trámite ordinario de citar, oír, analizar y concluir, permita reunir todos los datos que son imprescindibles para la decisión de juzgar a una persona sospechosa. Uno de los tres magistrados del tribunal, disconforme con la decisión, les reprocha respetuosamente esto a sus compañeros.

[Aizoon pendiente]

En lo de Nóos han aliviado a la Infanta de la carga de la imputación, para, a continuación, pronunciarse sobre otros hechos cuyo análisis no les incumbe en este trámite. Sin demasiadas matizaciones ni sutilezas atribuyen a la Infanta un delito contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales, más graves que los perdonados. El de blanqueo tiene una pena máxima de seis años, de modo que su mitad inferior, que se le podría imponer, es superior a los dos que permiten no entrar en prisión. El delito fiscal podría tener una pena máxima de cuatro años. En todo caso la pena de banquillo, o de paseillo en la cuestecita de Mallorca, o de telediario, esta anunciada.

Y  bien anunciada, si se lee los siguientes párrafos del auto de 7 de Mayo:

Con independencia de todo esto, Aizoon y por tanto sus dos socios (que son Urdangarín y la Infanta) desde marzo de 2006, se beneficiaron, al parecer, de ingresos provenientes de dinero público del Instituto Nóos, y de dinero privado proveniente de la defraudación tributaria y de la malversación. Ese dinero, o parte del mismo, no se quedó en la cuenta de Aizoon si no que se destinó a gastos particulares – reformas en la vivienda familiar -, ya con posible conocimiento del origen ilícito y delictivo.

Esas disposiciones de dinero sucio – según parece en gastos de reformas de la vivienda familiar (al respecto de los cuales la Agencia omite toda consideración, puesto que solo contempla los gastos por servicio doméstico)-, quizás podrían constituir un delito de blanqueo de capitales.

Nadie, en su sano juicio, dudará que la Infanta estaba muy cerca de unas conductas delictivas (presuntamente), y que por menos de eso es razonable que sea oída por el juez y los acusadores, para que, con lo que ella diga o calle, se decida sobre si hay méritos o no para acusarla. Eso quería el Juez Castro, oírla. Por eso pretendía citarla. Lo explicó y motivó lo mejor posible. Le han dicho que no. Ante la opinión pública y ante su conciencia tenía dos posibilidades: ser el juez que no imputó a la Infanta, o ser el que lo hizo. Optó por la segunda. El tribunal ha optado por la primera.

Posiblemente no ha sido una solución tan buena como parece. La Infanta sigue investigada. Los cargos, prematuros y posiblemente inadecuados, son otros, pero peores. El juez Castro merece el aplauso de la opinión pública y de buena parte de los juristas. El tribunal no contentará a nadie. No se puede poner una vela a Dios y otra al diablo.

- Accede al artículo íntegro de José María Mena, aquí.