18 de junio de 2013

Fin de las descalificaciones al Constitucional

El Tribunal Supremo es la más alta instancia judicial del país, es decir, la última apelable. Pero cabe que cuestiones resueltas por este tribunal choquen contra principios reconocidos en la Constitución. Así, el Supremo es la última instancia judicial, siempre que sus decisiones no lesionen "derechos constitucionales". Cuando ello ocurre cabe una nueva apelación al Tribunal Constitucional en defensa de tales derechos. 

El derecho de las personas a la vivienda, a no ser desahuciadas por una reglamentación que se ha demostrado delictiva, a ser educadas, a disfrutar de una Seguridad Social universal, a medidas de conflicto colectivo que impidan la violación de sus derechos ciudadanos, o el reconocimiento del actual régimen público de pensiones y coberturas que se busca destruir, son hoy, principios consagrados en la CE. Principios que molestan al nuevo fundamentalismo, a sus sabios y expertos (neoliberales), a sus tertulianos a sueldo. 

Si bien la efectividad real de tales principios resulta casi irrisoria, no es menos cierto que en tanto continúen plasmados en negro sobre blanco, el Constitucional puede seguir estimando demandas (cada vez más costosas) capaces de propiciar el fallo del sistemavictorias simbólicas que enciendan la chispa, que despierten a la sociedad y logren la paralización momentánea de la praxis capitalista.

Pero la inquina de las tertulias ultracentristas hacia los magistrados del Constitucional llega a su fin. Con la nueva mayoría terminan las descalificaciones sobre sus decisiones. El actual gobierno se asegura además, un tribunal que supedite todos sus juicios, su razón y su entendimiento a un dictamen vinculante superior, el de Dios. El recurso del Partido Popular sobre la actual ley de plazos de interrupción del embarazo vigente en toda Europa, estará también, entre los primeros asuntos a resolver.